En Pakistán, un juez del Tribunal Superior de Lahore (LHC), Chaudhry Abdul Aziz, renunció a su cargo el 6 de marzo de 2025, después de que los medios de comunicación informaran sobre sus presuntos vínculos con una banda que incriminaba falsamente a cristianos por blasfemia.
Aziz, que asumió el cargo en noviembre de 2016, alegó “razones personales” para su dimisión y pidió que fuera aceptada inmediatamente.
La decisión de Aziz fue recibida con alivio por los abogados, especialmente aquellos que defienden a los acusados de blasfemia, incluidos los defensores cristianos. En entrevista, relataron la constante presión a la que fueron sometidos durante los casos bajo jurisdicción del juez.
Un abogado musulmán, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que Aziz había emitido una orden de suspensión pocos días antes de su renuncia, para evitar repercusiones negativas por un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NCHR) que destacó graves fallas de procedimiento en casos de blasfemia.
El informe del NCHR recomendó la creación de un Equipo de Investigación Conjunta (ECI), integrado por diferentes agencias gubernamentales, para abordar los casos de blasfemia. La propuesta también sugirió severas medidas disciplinarias contra los agentes involucrados en irregularidades, particularmente con respecto a la falta de acción contra los denunciantes y las entidades privadas.
Sajid Iqbal Lashari, miembro del Foro Tahaffuz-i-Khatam-i-Nabuwwat, había cuestionado el informe en el tribunal de Aziz, lo que reforzó el contexto de presión que rodea al juez, según el Christian Daily .
Según el abogado musulmán citado, la dimisión de Aziz probablemente fue forzada por la presión internacional sobre el gobierno paquistaní, especialmente con respecto a los derechos humanos y las falsas acusaciones de blasfemia que han ido en aumento en el país.
Los supuestos vínculos de Aziz con una “banda de negocios de blasfemia” fueron investigados y revelados por el sitio web Fact Focus , cuya publicación está prohibida en Pakistán. El informe encontró que Aziz había trabajado en colaboración con el abogado Rao Abdul Rahim, quien supuestamente era el cerebro detrás de un grupo criminal involucrado en falsas acusaciones de blasfemia.
Entre los casos mencionados en el informe está el de Rimsha Masih, una niña cristiana de 11 años que fue acusada injustamente de blasfemia en 2012. Aunque las acusaciones fueron desestimadas por una investigación judicial, Aziz fue nombrado juez en 2016, año en el que también se estaba viendo el caso de Rimsha.
Además, Aziz ha sido criticado por retrasar la solicitud de libertad bajo fianza de Ahmed Satti, un musulmán acusado de blasfemia, y por ignorar los fallos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Islamabad en otros casos similares. El juez también fue acusado de reabrir investigaciones sin una justificación adecuada, lo que creó un ambiente hostil en el tribunal, dificultando la defensa de los acusados y presionando a los abogados y a los agentes de policía.
La situación del juez Aziz es un reflejo de las dificultades que enfrentan los cristianos en Pakistán, un país que ocupa el octavo lugar en la Lista Mundial de Vigilancia 2025 de Puertas Abiertas, lo que lo convierte en uno de los lugares más desafiantes para la comunidad cristiana. La presión sobre los abogados y la persecución judicial de los acusados de blasfemia sigue siendo un problema urgente en el país.